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El Departamento de
Vigilancia Medioambiental —o “Medio”, como lo moteja el
vulgo receloso— tiene su sede central en Madrid, en el edificio
principal de la Puerta del Sol. Este edificio albergó con
anterioridad a otros organismos oficiales, así la sede de la
Comunidad de Madrid, o la temida Dirección General de Seguridad
franquista. Desde la Central, la comisaria Doña Piedad Agudo
organiza a los inspectores y la Guardia de Asalto, dependientes en
última instancia de los Tribunales del Comité de Salud Pública.
Las funciones del DVM consisten en
perseguir, acosar y erradicar todos aquellos delitos que afectan
directa o indirectamente al Medio Ambiente. Acaso inspirado en el
antiguo y pionero Seprona, de la Guardia Civil, se parece más a
un eficaz tribunal inquisitorial que a la Gestapo, con la que lo
comparan sin descanso los desafectos al Orden Europeo. Para
reprimir el crimen, los agentes del DVM gozan de casi completa
libertad para desembarazarse de las de los ciudadanos, triste pero
necesaria consecuencia de la urgente necesidad de preservar la
ecología moribunda. Los detenidos carecen de derechos de
cualquier tipo, y los procesados por los diversos tribunales —hay
quien dice que los Tribunales del Comité son ordenadores Sedlex
de última generación, los cuales aceleran con total objetividad
la labor de la justicia—, tienen muchas probabilidades de acabar
en Reclasificación de Desperdicios, como reos en Trabajos
Forzados.
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